Arenamaris, enero 2015
La sabiduría popular indica que, a veces, el remedio es peor que la enfermedad. Cuestión que el empresario Emil Sosman parece no haber tenido demasiado en cuenta a la hora de proceder en contra de los vecinos de Algarrobo Norte. En su precipitado afán por silenciar las muy legítimas protestas de la comunidad contra su
polémico proyecto inmobiliario Arenamaris, Sosman no sólo obtuvo un
contundente revés en tribunales, sino que además logró que el caso alcanzara una notoriedad que claramente no ha hecho más que sumar más voces contrarias a las torres que hoy se construyen sobre las arenas mismas de la playa, a escasos metros del mar.
Respecto a este tema, una de las personalidades locales que más antecedentes maneja es Patricio Gómez Bahamonde, vecino que durante ya varios años ha volcado parte importante de su tiempo y energías a investigar sobre las más diversas materias del quehacer comunal. Con el fin de dar a conocer entre nuestros lectores importantes antecedentes de este cuestionado proyecto -el enésimo que se autoriza soslayando aspectos sensibles respecto a criterios medioambientales, urbanísticos y sociales-,
Algarrobo Al Día sostuvo con Gómez una larga y enjundiosa conversación:
Tenemos entendido que a principios del 2014 funcionarios del MOP vinieron a exponer ante la comunidad algarrobina...
Efectivamente. Según recuerdo fue en los primeros días de abril pasado. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene a su cargo la
elaboración de un proyecto a nivel nacional para la habilitación e
infraestructura de las vías peatonales y de tránsito vehicular del borde
costero del país, y a través de la Secretaria Regional trabaja actualmente en el proyecto denominado “Mejoramiento
Borde Costero Litoral Central, Región de Valparaíso”. Dentro de éste, se había avanzado en un
anteproyecto para Algarrobo, seleccionando para la primera etapa el tramo a
partir de donde termina el borde habilitado por la Corporación de Vecinos de
“Algarrobo Norte” (Restaurant "A toda Costa"), por ser el único sector en el que
aún quedaba espacio para ejecutar una obra de envergadura a la categoría de
nuestra comuna. Es así como el Secretario Regional Ministerial de la V Región invitó
a las autoridades locales y a dirigentes vecinales a una reunión participativa
para exponer el referido anteproyecto como etapa previa para buscar
financiamiento e ingresar el proyecto en su ingeniería de detalle.
Debo mencionar, porque estaba ahí presente,
que a esta reunión no asistió ni el
alcalde, ni concejales, ni el Director de Obras ni el encargado de Planificación
Comunal (Secplac), solamente asistió la Secretaria Municipal. Pero lo más peculiar fue que las autoridades del MOP se enteraron por
boca del público asistente que ya no era
posible llevar a cabo ese anteproyecto debido a que la Municipalidad había
cursado el permiso de construcción del megaproyecto Arenamaris, el que
se levantaría precisamente en lo que quedaba del borde costero en el sector. Por ello, esa reunión fracasó y, con ello, consecuencialmente el
anteproyecto del Ministerio. No tengo conocimiento que esta grave situación
haya sido tratada en el Concejo Municipal ni planteado por el alcalde al
organismo asesor que el mismo preside, el Consejo de Organizaciones de la
Sociedad Civil (COSOC).
Sobre ese sector, tenemos información que existirían secciones que serían parte del patrimonio
de bien de uso público de la playa de Algarrobo Norte y Mirasol, y que incluso
hay calles, bajadas a la playa y áreas verdes consideradas en el Plan Regulador y donde hoy se construye el proyecto Arenamaris, ¿qué sabe usted al respecto?
Se trata de un tema complejo bajo el punto de vista legal,
por lo que no puedo hacer afirmaciones categóricas. Es una materia que le corresponde
al alcalde como máxima autoridad de la comuna dilucidar con su Departamento
Jurídico. Por ello, solamente me referiré a antecedentes parciales de índole
informativa a nivel ciudadano que no pretenden afectar al referido proyecto,
pues de momento que ya tiene el permiso de construcción y seguramente el
financiamiento bancario, debiese estar con sus títulos de dominio debidamente
reconocidos.
El terreno en cuestión es de aproximadamente 12 hectáreas y corresponde
al loteo denominado “Conjunto Habitacional Mirasol” que fue aprobado por el
municipio en el año 1977, que contempló espacios públicos para vialidad, como la
calle Almirante Lynch y Arturo Prat, áreas
verdes y equipamiento municipal, incluyendo dos escalas públicas de bajada a la
playa, todo lo cual quedó en su proceso inicial y abandonado, no obstante
existir pólizas de seguros para garantizar las obras de beneficio público. Respecto a esto, en 2008 el municipio aprobó el reemplazo de ese trazado
por un anteproyecto habitacional denominado “Condominio Algarrobo Norte”, sin
verificar que se hubiese dado cumplimiento a la habilitación de los espacios
públicos ya definidos. Ante esa situación y silencio de la autoridad municipal,
dirigentes vecinales del sector y el entonces concejal, residente en el sector, Hipólito Aravena, interpusieron ante los tribunales una acción de mera
certeza para que clarificase la vigencia de los espacios públicos con las
partes involucradas, esto es, el Fisco, la Municipalidad y los propietarios
titulares del referido paño de terreno. Esta acción le significó al concejal
Aravena la destitución por cuanto según la ley, un concejal no puede entablar
demandas al Municipio del que es concejal. La demanda fue finalmente desechada
por el tribunal en atención a que los vecinos no tenían injerencia directa en
la situación de incertidumbre litigiosa existente. La autoridad municipal
mantuvo su silencio como ha sido lo habitual, actitud que se mantiene con las actuales
autoridades, dejando la defensa del bien común a los ciudadanos. Algo impropio.
Ello le corresponde al alcalde, quien posee los recursos y medios para ejercer
la autoridad y deberes que le impone la ley.
En todo este tiempo, lo único que ha prevalecido es la
opinión de la Contraloría, que, a requerimiento de los vecinos, ha emitido
recientemente un dictamen en que señala que ha sido posible observar que el cierre perimetral
sur de la hijuela B eventualmente afectaría a bienes nacionales de uso público,
por lo que instruye a la Municipalidad para que adopte
las medidas que sean pertinentes tendientes a verificar tal situación y a
solicitar si fuese necesario la intervención del Gobernador. Hasta donde estoy
informado, todo sigue igual, sin que la autoridad municipal haya
actuado. Lo que ha obligado a los vecinos a recurrir a la Gobernación.
Respecto al cierre de calles, ¿qué información maneja al respecto?
Puedo citar el Oficio D.O.M. N° 056/2008 del Director de Obras y
Urbanismo (s) de Algarrobo, en que, contestando una solicitud de una Junta de
Vecinos, reconoce la existencia de la calle Almirante Patricio Lynch, siendo
ésta “vía estructurante y existente con perfil de 10 mt.”, agregando que cualquier
proyecto que se presente a esa Dirección de Obras, ya sea subdivisión, loteo o
urbanización, se estudiará técnicamente para cautelar las vías proyectadas en
el Plan Regulador Comunal vigente. El caso es que dicha vía está actualmente cerrada por la constructora
y usada como espacio de la inmobiliaria para el salón de ventas. Como usted
podrá comprender, son situaciones irregulares que no pueden dejarse pasar y que
la autoridad debe resolver.
Ingreso calle Patricio Lynch, hoy convertida en sala de ventas de Arenamaris