Tras la denuncia de vecinos y concejales, Contraloría emitió un
lapidario informe el año 2009 donde detectaba
más de una decena de
irregularidades en el procedimiento con el que se habían ejecutado los
proyectos de viviendas sociales Villa Marina 1 y 2 y Villa Padre Alvear
en El Quisco. La cantidad y la envergadura de éstas resulta abrumadora:
cambio de uso de suelo irregular, personas que recibieron casa y no
debían porque ya tenían, irregularidades en
el
otorgamiento del subsidio, proyectos emplazados en terrenos que no cumplía
con lo que dicta la ley, falsificación de documentos públicos, venta a
precio muy por encima del avalúo comercial… Tras una larga
investigación, los tribunales han finalmente condenado a José Miguel Carrasco,
alcalde en ejercicio cuando se cometieron los ilícitos. Por la magnitud
del dolo, Carrasco no pudo haber actuado en solitario. La investigación
descubrió también la participación tanto de funcionarios públicos, como
el ex director regional del Serviu, como de representantes y dueños de
las constructoras involucradas.
El negocio era dulce. Carrasco, entregándole un techo a más de 400
familias, pensaba blindarse políticamente, quizá instaurar una pequeña
dinastía en la comuna quisqueña. Poco importaba cómo. Los terrenos
fueron vendidos al fisco por un precio 10 veces superior al real. 1.700
millones de pesos son los que se estima fueron defraudados en este
“arreglo” entre Carrasco, funcionarios públicos y los empresarios
inmobiliarios.
Aún
así, cómo no, hoy hay quienes lo defienden. En una situación muchas
veces altamente desfavorable, la obtención de una vivienda suele confundirse con un favor y no entendida como un derecho. Un apoyo
desde ese sector todavía puede entenderse. Harto menos entendible, sino
claramente repudiable, resulta escuchar a figuras públicas, como nada
menos que al alcalde de San Antonio Omar Vera, deslizando comentarios
como “los asesoramientos, a lo mejor, no fueron los adecuados y
derivaron en una toma de decisión que llegó a este estado”. Lo de
Carrasco fue trampa y que alguien intente justificar tan negligentemente
su actuar no hace sino burlarse de la fe pública. Que sirva como señal
de la calidad, de la integridad moral, de nuestras autoridades locales…
(Nota: El pasado 11 de abril, Carrasco fue finalmente sentenciado a 4 años de libertad vigilada. Además se le inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos, junto con que deberá pagar una multa del 10% del perjuicio causado, lo que equivale a 127 millones de pesos.)