Una de las razones de por qué los algarrobinos también estamos hartos de los abusos

 Por Pablo Salinas

En Algarrobo, pagamos la tarifa más cara de agua potable de Chile. No es mito, no es chiste, no es invento de internet (no entra dentro de mi política difundir bulos, por lo demás). La Superintendencia de Servicios Sanitarios lo dice, en su último Informe de Gestión Sanitaria. Revísenlo (o vean la tabla que adjunto). Las tarifas de ciudades en pleno desierto, Arica, Iquique, Antofagasta, pagan menos. A ciencia cierta, nadie sabe muy bien qué justifica que así sea, pero es así (por lo demás, nadie le exige a la empresa que justifique demasiado nada).

Así las cosas, nos enteramos que la empresa sanitaria, ESVAL, además de imponernos precios de Emiratos Árabes por el agua, nos cobra además, mes a mes, por un servicio inexistente: el tratamiento de las aguas servidas, las que se van por el desagüe. Porque la planta de la sanitaria, nos enteramos (también por documentación oficial) que no es de "tratamiento" propiamente tal, sino de "pre-tratamiento", un tratamiento solo preliminar. Tratar las aguas servidas significa someterlas a algún tipo de procedimiento que, en mayor o menor grado, las desactive microbiológicamente, de manera de eliminar elementos contaminantes. Pero en Algarrobo, con el precio del agua potable más caro de Chile, la planta local solo se limita a juntarlas todas, hacerlas pasar por una rejilla y tirarlas por un tubo directo al mar. Entonces, si revisas tu boleta, te darás cuenta que figuran tres cargos: por el agua, por recolección y por tratamiento. Y en realidad, la empresa solo te brinda dos de estos servicios.

Después te enteras que, claro, tanta mierda arrojada sin filtro al mar algún trastorno tiene que necesariamente producir. No solo los bancos de almejas de la "zona de sacrificio" donde descarga el tubo, que hasta hace unas décadas reportaban fuente de ingresos para los pescadores, sino que también propicia la plaga de algas que proliferan en gran parte de las aguas de la bahía y que terminan depositadas en las playas, formando una gruesa y pestilente alfombra verde. Es decir, las aguas servidas que arroja la sanitaria que te cobra el agua más cara de Chile y que te cobra por un servicio inexistente, además está generando un desastre ambiental en tu ciudad.

 Una de la conclusiones del informe de octubre 2018 firmado por la bióloga marina Carola Maturana de DIRECTEMAR

¿Ya te parece feo? Todavía hay más: la planta, la famosa planta juntadora y expulsadora de caca, está fuera de la ley. Opera ilegalmente. Escuchaste bien. ¿Cómo así? Se construyó en 1998, pero la empresa eligió hacerlo en un terreno donde no estaba permitido instalar un recinto de esa naturaleza (es obvio, una actividad tan delicada en términos higiénicos, sanitarios, no puede funcionar en cualquier parte). ¿Qué pasó acá? La empresa eligió hacerlo en un terreno no demasiado lejos de la zona poblada (en primera línea de playa, además, más práctico, más fácil, menos caro) y, aunque como ya lo dije, este no contara con el uso de suelo que le permitiera hacerlo, simplemente presentó a la Dirección de Obras Municipal, junto con los planos, la petición de que después, una vez ya instalados, se le modificara el uso de suelo, se le ajustara el anillo al dedo. Pero esta modificación nunca se hizo. Por tanto, la planta nunca obtuvo lo que cualquier inmueble, casa, edificio, local, que cualquier vecino construya debe necesariamente tener para ser habitado o entrar en funciones: la recepción de obras.

 Detalle del informe fechado 24 diciembre 2014 hecho por la SEREMI del MINVU

Y la planta arroja-mierda que contamina día a día tu bahía, tu mar, tras más de veinte años, ahí sigue, tal cual. Pese a que la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya aclaró en forma tajante en 2014 que está fuera de la ley, que por lo demás no correspondía haber hecho las cosas tal como se hicieron, sino, verificar antes en el plan regulador si la zona donde se emplazaría el proyecto permitía "infraestructura sanitaria", no amañar las cosas una vez ya construido. Por tanto, la planta debe ser demolida. Claro, antes de eso, los señores de la sanitaria actuar responsablemente -alguna vez que lo hagan- y construir una planta de verdadero tratamiento (que no siga contaminando), en un lugar adecuado, lejos de zona urbana y/o turística (como ahora) y una vez que esté lista, cumplir con lo decretado y demoler la otra.

(A todo esto, los señores de la empresa, bajo advertencia, por su parte advierten que en caso de obligarlos a hacer lo que tienen que hacer, los costos tendrán que ser necesariamente traspasados a los clientes, mediante un aumento tarifario).

Ya. ¿Y los algarrobinos seguiremos de brazos cruzados?

Declaraciones hechas a la prensa provincial en 2017 por el entonces sub-gerente Alejandro Salas.