Senadora Isabel Allende visita Algarrobo. ¿A qué vino?

 

Por Pablo Salinas 

El sábado recién pasado, la senadora Isabel Allende visitó Algarrobo. En la Sede del Sindicato de Pescadores, se reunió con representantes de grupos ambientalistas. El encuentro genera cierto revuelo. Esto es algo más o menos previsible. Se trata de una figura histórica y fuertemente ligada a cierto sector del espectro político; incluso me sugieren que no sería adecuado dar difusión a un asunto de este tipo, que la lucha que llevamos hace ya rato por cuestiones netamente ambientales y ciudadanas corre el riesgo de teñirse con colores de tal o cual bando político, indeseablemente. Puede ser. Pero, muy por encima de eso, conviene difundir porque se trata de un encuentro donde convergieron representantes no solo de la comuna, sino también de Cartagena, San Antonio, incluso de Arica. La reunión tiene un carácter de convergencia, de diálogo comunitario, ciudadano, que conviene, a mi juicio, sobradamente ser resaltado. Que la figura parlamentaria que nos haya visitado haya sido de tal o cual bloque político no es ni por lejos esencial. Lo relevante es que la ciudadanía se está reuniendo, está dialogando, está generando un esfuerzo conjunto en pos de soluciones a problemáticas importantes que la aquejan y que se arrastran por años. Y Algarrobo estaría siendo la base de despegue de estas gestiones. Más relevante todavía.

Pero conviene también detenerse en algunos aspectos más de contenido de esta visita. Conviene poner atención y exponer en forma pública a qué vino específicamente la senadora y cuál fue el nivel de sintonía entre esta y los vecinos. Como el foco del encuentro era abordar la problemática generada por la planta de aguas servidas de ESVAL, la señora Allende presentó ante la concurrencia dos documentos, dos respuestas obtenidas ante requerimientos hechos previamente por ella, una por parte de la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y otra por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Esas eran, por así decirlo, sus dos cartas. La senadora, requerida en reuniones pasadas con vecinos y pescadores, había intercedido en busca de información respecto a la situación operativa de ESVAL en la comuna. Y nos las leyó. Sobre todo una, la de la SISS. Entera. Cuando se le preguntó, yo le pregunté, si acaso en alguna parte se mencionaba la orden de demolición que pesaba sobre la planta, la señora Allende dijo que quería verla, que simplemente encontraba "raro" que efectivamente existiera ese orden. Le comenté que copia del documento por desgracia no tenía, pero sí copia del memorándum de 2015 donde el Director de Obras Municipales le expresa al entonces alcalde Gálvez la necesidad de que emita la orden de marras, atendiendo a lo que la SEREMI del MINVU le está ordenando hacer. Aun así, no creyó. Le comenté que en fecha reciente, según el concejal Colja, se había multado con 25 UTM a la sanitaria por estar operando sin recepción final y, además, con orden de demolición, que cómo se podría explicar entonces que un juez sancionara con multa a una empresa que tenía todo en orden. La señora Allende se refugió en sus papeles, lo volvió a leer. Pero, ¿qué dicen esos papeles? 

Primera sorpresa: en relación a los permisos municipales, la SISS responde entregando la versión de la sanitaria (!!) ¿No le resultó al menos "raro", esta vez, a la senadora que el organismo fiscalizador por antonomasia entregara por respuesta formal la versión dada por la propia empresa cuestionada? Y que, además, el artículo invocado por la sanitaria para decirle a la SISS (y esta a la senadora) que todo está OK -el 116 de la Ley de Urbanismo y Construcción- ni siquiera está reproducido en forma textual (basta revisar en la web de la Biblioteca del Congreso para comprobar). Dice efectivamente que las obras de infraestructura sanitaria que ejecute el Estado no requerirán de permisos municipales, no las que ejecuten empresas concesionarias.

Segunda sorpresa: la senadora se dirige, tanto a la SISS como a la SEREMI, para que se le aclare la situación del tubo emisario, no la de la planta de pre-tratamiento. Pero la respuesta de la SEREMI MINVU (que, en rigor, es el ente con competencias directas en un ámbito de deliberación territorial, no la SISS) arroja algo de luz: menciona que la ley distingue entre "edificaciones e instalaciones" y "redes y trazados", que estos últimos no requieren de permisos municipales, en tanto, el emplazamiento de las primeras sí está "condicionado a las disposiciones del Plan Regulador Comunal". Justo el documento que no leyó.

El concejal Colja, que llegó algunos minutos de iniciada la reunión, tampoco traía copia de la mentada orden de demolición. La Allende, imperturbable, seguía descartando de plano la existencia de esta, es más, dudando de plano en su legitimidad.

Y bastaba con poner más atención a los documentos entregados, hacer una lectura más atenta, menos sesgada. Sobre todo tratándose de una parlamentaria integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Además de auto-monitoreo, ¿también ahora la SISS se convierte en vocero de las sanitarias?