José Miguel Carrasco, sentenciado

Tras la denuncia de vecinos y concejales, Contraloría emitió un lapidario informe el año 2009 donde detectaba más de una decena de irregularidades en el procedimiento con el que se habían ejecutado los proyectos de viviendas sociales Villa Marina 1 y 2 y Villa Padre Alvear en El Quisco. La cantidad y la envergadura de éstas resulta abrumadora: cambio de uso de suelo irregular, personas que recibieron casa y no debían porque ya tenían, irregularidades en el otorgamiento del subsidio, proyectos emplazados en terrenos que no cumplía con lo que dicta la ley, falsificación de documentos públicos, venta a precio muy por encima del avalúo comercial… Tras una larga investigación, los tribunales han finalmente condenado a José Miguel Carrasco, alcalde en ejercicio cuando se cometieron los ilícitos. Por la magnitud del dolo, Carrasco no pudo haber actuado en solitario. La investigación descubrió también la participación tanto de funcionarios públicos, como el ex director regional del Serviu, como de representantes y dueños de las constructoras involucradas. 

El negocio era dulce. Carrasco, entregándole un techo a más de 400 familias, pensaba blindarse políticamente, quizá instaurar una pequeña dinastía en la comuna quisqueña. Poco importaba cómo. Los terrenos fueron vendidos al fisco por un precio 10 veces superior al real. 1.700 millones de pesos son los que se estima fueron defraudados en este “arreglo” entre Carrasco, funcionarios públicos y los empresarios inmobiliarios.

Aún así, cómo no, hoy hay quienes lo defienden. En una situación muchas veces altamente desfavorable, la obtención de una vivienda suele confundirse con un favor y no entendida como un derecho. Un apoyo desde ese sector todavía puede entenderse. Harto menos entendible, sino claramente repudiable, resulta escuchar a figuras públicas, como nada menos que al alcalde de San Antonio Omar Vera, deslizando comentarios como “los asesoramientos, a lo mejor, no fueron los adecuados y derivaron en una toma de decisión que llegó a este estado”. Lo de Carrasco fue trampa y que alguien intente justificar tan negligentemente su actuar no hace sino burlarse de la fe pública. Que sirva como señal de la calidad, de la integridad moral, de nuestras autoridades locales…

(Nota: El pasado 11 de abril, Carrasco fue finalmente sentenciado a 4 años de libertad vigilada. Además se le inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos, junto con que deberá pagar una multa del 10% del perjuicio causado, lo que equivale a 127 millones de pesos.)