Por Pablo Salinas
El 26 de mayo pasado los vecinos de todo el litoral nos despertamos desconcertados con la noticia: maquinaria pesada municipal, resguardada por un importante contingente de Carabineros, irrumpía en el centro cultural "La Ranita" de Punta de Tralca para hacer efectiva una orden de demolición firmada por la autoridad máxima de la comuna,
la alcaldesa DC Natalia Carrasco.
La Carrasco, que cuando llegó en 2008 por primera vez al poder despertaba naturales inquietudes por su juventud, cuatro años después fue reelecta para seguir dirigiendo los destinos de la comuna quisqueña.
No lo habrá hecho tan mal esa primera vez como para volver a recibir el respaldo mayoritario de la ciudadanía, es lo que cualquiera tiende a pensar ante un caso así. Pero en nuestras tierras por desgracia opera una lógica bien particular y la reelección de un alcalde no tiene que ver necesariamente con una labor administrativa municipal sobresaliente o, ni siquiera, con una figura pública de especial carisma. Esta ahora ya no tan joven alcaldesa ha ido dando últimamente señales claras de que los vicios de su padre -el también decé y también reelecto en su entonces, José Miguel,
por el que hoy la justicia pide 12 años de cárcel por fraude al fisco- no ha sido una herencia muy fácil de esquivar. Como vecino de Algarrobo, lo que más directamente me había tocado vivir había sido la más que evidente animadversión dirigida hacia determinadas personas que son vistas como rivales, ya sea por motivos políticos o meramente personales, por parte de la cúpula comunal. Ese "te voy a poner las cosas cuesta arriba simplemente por ser quien eres", tan propio del caudillismo más maloliente, había empezado a salir a flote con preocupante frecuencia. En febrero pasado, cuando un encumbrado funcionario, tras dilatar más de la cuenta la autorización por parte de "la jefa" para el
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3 (!!) patrullas de Carabineros y una camioneta de Inspección Municipal para requisar víveres y cursar una multa de más de 120 mil pesos por la realización de una actividad "sin permisos municipales", la reacción nuestra, de la comunidad vulnerada, debió haber sido enérgica, contundente. Pero no lo fue: más allá de los alegatos en el momento mismo del incidente, los multados -la temeraria ex-concejala Rosa María Leal que había tenido la osadía de firmar una denuncia contra Carrasco Papá, y su pareja- pagaron finalmente la abultada multa.